Condenaron a un preso que manejaba una red de explotación sexual desde el Penal de Villa Urquiza
La Justicia Federal condenó a Walter Ayala y Alejandra Galván por explotación sexual y trata de personas en Tucumán. El principal acusado coordinaba la red desde el Penal de Villa Urquiza y deberán pagar más de $130 millones a las víctimas.
Mientras cumplía una condena previa por trata de personas en la Unidad N° 1 del Penal de Villa Urquiza, Walter Ayala continuaba liderando una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en Tucumán. Según determinó la justicia federal, utilizaba teléfonos celulares prohibidos dentro de la cárcel para coordinar la captación de víctimas, administrar publicaciones en páginas de oferta sexual y controlar las ganancias generadas por la red.
La causa concluyó con un juicio abreviado en el que Ayala y Alejandra Galván reconocieron su responsabilidad penal. La jueza federal Carina Farías condenó a Ayala a 12 años de prisión, mientras que Galván recibió una pena de ocho años. Además, ambos deberán afrontar una reparación económica superior a los 130 millones de pesos destinada a las ocho víctimas identificadas durante la investigación.
La pesquisa estuvo encabezada por el fiscal federal Pablo Camuña, quien logró acreditar que el condenado mantenía activa la estructura criminal desde el interior del penal tucumano. De acuerdo con la investigación, Ayala utilizaba redes sociales para contactar mujeres en situación de vulnerabilidad y luego publicaba perfiles falsos en el sitio de oferta sexual Skokka, donde incluso definía los nombres ficticios que debían utilizar las víctimas.
En paralelo, Alejandra Galván cumplía un rol operativo clave fuera de la cárcel. Según la causa, era la encargada de supervisar los departamentos utilizados para la explotación sexual en San Miguel de Tucumán, organizar sesiones fotográficas y videos promocionales y recaudar el dinero proveniente de los encuentros sexuales.
La resolución judicial también fijó una reparación económica considerada inédita por el monto establecido. El cálculo incluyó indemnizaciones por daño moral, lucro cesante y el recupero de las ganancias obtenidas ilegalmente por la organización durante el tiempo que permaneció activa.
El caso volvió a exponer serias falencias en los controles internos del Penal de Villa Urquiza, luego de comprobarse que uno de los principales condenados por trata de personas continuó manejando actividades delictivas desde el interior de la prisión utilizando dispositivos de comunicación prohibidos.
