Condenaron a dos policías por una detención ilegal y agresiones a un hombre en una comisaría de Monteros
La sentencia contra dos efectivos policiales por una detención ilegal y las agresiones sufridas por un hombre dentro de una dependencia de Monteros no sólo estableció responsabilidades penales, sino que también puso bajo análisis el funcionamiento de los mecanismos de investigación y control del sistema judicial.
La condena impuesta a dos efectivos policiales por una detención ilegal y las agresiones sufridas por un hombre dentro de una dependencia policial de Monteros volvió a poner en debate el accionar de las fuerzas de seguridad.
La resolución fue dictada por el juez Mario Velázquez, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual los imputados admitieron su responsabilidad en los hechos. Sin embargo, el magistrado fue más allá de la mera validación del acuerdo judicial y dejó fuertes observaciones sobre el recorrido que tuvo la causa antes de llegar a juicio.
En su fallo, Velázquez recordó que el expediente había sido archivado inicialmente pese a que ya existían elementos probatorios relevantes que permitían avanzar con la investigación. Por ese motivo, destacó la intervención del fiscal regional Miguel Ángel Varela, quien decidió reabrir el caso cuando parecía encaminado a quedar sin consecuencias judiciales.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 27 de marzo de 2023. Según quedó acreditado en el proceso, Roberto Andrés Marchese protagonizó un accidente de tránsito en la intersección de la Ruta Nacional 38 y calle Italia, en Monteros. Tras el siniestro, permaneció en el lugar colaborando con el procedimiento policial y luego fue trasladado para la realización de estudios médicos y toxicológicos.
La investigación determinó que la situación cambió cuando Marchese fue llevado a una dependencia policial. Allí, mientras atravesaba un estado de shock producto del accidente y presentaba dificultades para completar una muestra de orina requerida para los análisis, los efectivos decidieron privarlo de la libertad bajo la supuesta comisión de una contravención.
Sin embargo, la Justicia concluyó que la acusación utilizada para justificar esa medida carecía de sustento real. La sentencia señala que el oficial principal William Martínez confeccionó documentación con contenido ideológicamente falso para fundamentar la detención. Paralelamente, el agente Santiago Barrionuevo aportó una declaración testimonial que fue considerada falsa y que reforzaba la versión oficial de los hechos.
Ambos documentos sostenían que Marchese había sido detenido en la vía pública por alterar el orden y generar disturbios. No obstante, esa hipótesis fue contradicha por las actuaciones vinculadas al accidente de tránsito y por las pruebas reunidas durante la investigación.
La situación se agravó cuando la víctima fue alojada en un calabozo junto a otras 17 personas privadas de la libertad. Durante ese período sufrió una violenta agresión física que le provocó diversas lesiones.
Los informes médicos incorporados al expediente resultaron fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos. Los estudios realizados inmediatamente después del accidente no registraban lesiones compatibles con una golpiza. Horas más tarde, en cambio, se constataron hematomas, excoriaciones y otros golpes que evidenciaban una agresión posterior.
Para el magistrado, la actuación de los policías fue determinante para que la víctima terminara expuesta a esa situación, ya que la detención irregular posibilitó su alojamiento en condiciones que derivaron en el ataque.
En los fundamentos de la sentencia, Velázquez advirtió que las pruebas que permitieron arribar a las condenas ya estaban disponibles cuando la causa fue archivada. Por ello, sostuvo que resulta indispensable revisar los mecanismos institucionales encargados de investigar denuncias que involucran a integrantes de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, remarcó que este tipo de delitos generan un profundo impacto institucional, ya que erosionan la confianza de la ciudadanía en los organismos responsables de garantizar la legalidad y proteger los derechos de las personas.
Como resultado del acuerdo judicial, William Martínez fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por falsedad ideológica y participación necesaria en lesiones leves. Por su parte, Santiago Barrionuevo recibió una pena de seis meses de prisión condicional por falso testimonio y participación en las lesiones sufridas por la víctima.
Además de las condenas penales, ambos deberán cumplir reglas de conducta, indemnizar económicamente a Marchese y abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con él.
