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10 Sep 2025

La Justicia restituyó la matrícula a una abogada tucumana y marcó un precedente en defensa del derecho al trabajo

La Cámara Contencioso Administrativo resolvió que no existe incompatibilidad para que Agustina Mitre ejerza la abogacía tras su retiro voluntario del Poder Judicial.

El fallo cuestiona el accionar del Colegio de Abogados de la Capital y reafirma que el ejercicio de la profesión es un derecho constitucional protegido por la Carta Magna y los tratados internacionales.

La Cámara Contencioso Administrativo de Tucumán falló a favor de la abogada Agustina Mitre, restituyéndole el derecho a ejercer la profesión tras un conflicto con el Colegio de Abogados de la Capital, que le había anulado la matrícula bajo el argumento de una supuesta incompatibilidad.

Mitre, que ingresó al Poder Judicial en 2012 por concurso público y en 2024 pidió el retiro voluntario, relató que luego de matricularse y jurar ante la Corte, el Colegio dispuso la anulación de su matrícula. Frente a esta decisión, interpuso un amparo judicial.

La sentencia fue categórica: no existía incompatibilidad alguna y el Colegio había hecho una interpretación incorrecta de la norma. El tribunal subrayó que el ejercicio de la abogacía es un derecho constitucional y advirtió que las restricciones arbitrarias lesionan el derecho al trabajo y al debido proceso.

En su fallo, los jueces señalaron que la decisión del Colegio configuró un acto “inválido por incompetencia material, contrario al marco constitucional de atribución de competencias y en violación al principio de legalidad”. Además, remarcaron que la institución no actuó con la prudencia ni la diligencia que se le exige como ente público no estatal encargado del gobierno de la matrícula.

Mitre denunció durante el proceso haber sufrido violencia institucional y un sesgo de género. “En mi misma situación había un colega varón y él nunca fue hostigado ni expuesto públicamente. La única que fue amedrentada fui yo. Pensaron que por ser mujer me iba a callar. Se confundieron de presa: me fortalecieron”, declaró.

También acusó al Colegio de incurrir en conductas de gravedad institucional, como la difusión de comunicados tergiversados, la promoción de juntas de firmas y hasta el “escrachado” de su título profesional con la anotación de la anulación, un acto que podría configurar delitos contra la fe pública.

Tras conocerse el fallo, Mitre afirmó: “Confiaba en que la Justicia iba a fallar a mi favor. Este es un triunfo de todos los abogados tucumanos que creen en el ejercicio digno de la profesión y en una justicia libre de presiones”.

El caso marca un precedente fundamental en defensa de la libertad profesional, al dejar en claro que los colegios no pueden convertirse en barreras arbitrarias para impedir el ejercicio de la abogacía ni arrogarse facultades que exceden su marco legal.

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