Robo del celular de Jaldo: investigan posibles vínculos políticos y el caso sigue abierto
La Justicia avanza con nuevas pericias y no descarta un trasfondo político. La única detenida continúa con prisión preventiva y el Ministerio Público investiga conexiones con exfuncionarios y operadores del sur tucumano.
Aunque no se extrajeron datos del dispositivo, la sospecha de una maniobra coordinada con intereses políticos encendió las alarmas judiciales y mantiene el caso activo.
El caso del robo del celular del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sigue generando fuertes repercusiones en los pasillos del poder y la Justicia. El hecho, ocurrido durante un acto institucional en el departamento de La Cocha, mantiene en alerta al Ministerio Público Fiscal, que no descarta un trasfondo político en el episodio.
Aunque trascendió que no se extrajeron datos del teléfono del mandatario, el caso sigue lejos de cerrarse. La investigación sumó nuevas líneas de análisis que podrían vincular el hurto con operadores desplazados tras la intervención al municipio de Alberdi.
La única detenida es Liliana “Pampita” Carrizo, quien permanece alojada en la alcaldía de Delfín Gallo con prisión preventiva por 30 días. La medida fue dictada por el juez Cristian Velázquez a pedido del fiscal Héctor Fabián Assad, quien considera que el robo podría formar parte de una maniobra más compleja. La resolución judicial quedó firme al no ser apelada.
Durante las pericias, se confirmó que el teléfono sustraído fue utilizado para tomar al menos dos fotografías. En una de las imágenes aparece la propia Carrizo, lo que alimenta su versión de que el celular “le fue entregado”, aunque hasta ahora no reveló por quién. El modelo Samsung permite tomar imágenes sin desbloquear el equipo, por lo que las fotos recientes quedan visibles aunque no se pueda acceder a la galería.
Carrizo, quien formaba parte de la comitiva de Los Pizarro durante el acto, no declaró en la audiencia. Su nueva abogada, Emilia Giselle Ale, pidió no emitir declaraciones públicas hasta conocer los resultados de las pericias técnicas, y solicitó que se respete la presunción de inocencia de su defendida.
Paralelamente, la Brigada de Investigaciones Sur —bajo supervisión del fiscal Assad— continúa analizando cámaras de seguridad del salón de eventos en busca de material que permita reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho y quiénes estuvieron involucrados.
Sin embargo, lo que más inquieta a la Justicia es la presencia de personas cercanas a figuras políticas en la mira. Entre los asistentes al acto se encontraba un hermano de José Roldán, ex secretario de Hacienda de Alberdi, quien está siendo investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Este funcionario, con más de tres décadas de antigüedad en la comuna de Los Pizarro, habría tenido una influencia clave en sucesivas gestiones.
Carrizo, además, habría gozado de condiciones laborales diferenciadas en la comuna, desempeñando funciones varias que la alejaban del trato habitual que recibían otras empleadas, lo que genera más dudas sobre su cercanía con el poder político local.
Desde Alberdi, vecinos como Esteban Jaime y Esteban Fuentes sugieren que el robo podría estar relacionado con la intervención del municipio y sus consecuencias políticas. “Esto tarde o temprano iba a tener consecuencias”, dijeron, dejando entrever un clima de tensión.
El fiscal Assad ha solicitado nuevas medidas: análisis de vínculos, ampliación de pericias y relevamiento de cámaras. Aunque por ahora el teléfono del gobernador no reveló datos sensibles, la sospecha de una operación política sigue latiendo. Y la causa, lejos de cerrarse, se adentra cada vez más en las entrañas del poder en el sur tucumano.
