Histórico avance en El Mollar: Juez de Paz impulsa medidas judiciales para resolver conflictos
[El Mollar, foto de archivo.]
En El Mollar, un magistrado de Paz, ahora investido como letrado, marcó un nuevo camino al dictar medidas judiciales para la resolución de conflictos en áreas distantes del Centro Judicial Monteros, lugar que corresponde por zona geográfica.
Se trata de dos medidas clave: una referida a la provisión de alimentos de manera provisoria y otra destinada a la protección de personas. Estas acciones representan un avance significativo en la mejora del servicio de justicia en el interior de la provincia, evidenciando los cambios en el ámbito de la Justicia de Paz.
El titular del juzgado de paz de El Mollar, Juan Ramón Vicente, enfatizó que "en lo que respecta a la medida de protección de personas, los trámites correspondientes fueron remitidos al Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones, a cargo de la Jueza de Primera Instancia Mariana Rey Galindo, del Centro Judicial de Monteros, tal como lo establece el artículo 30 del Código Procesal de Familia (ley Nº9.581)".
Vicente destacó además que esta iniciativa busca resolver la problemática de la distancia que muchas veces desalienta a las personas a iniciar trámites judiciales. "Con este acercamiento, los pobladores de los Valles tienen superados estos inconvenientes. Además, hemos coordinado con la Policía para que en casos de denuncias por alimentos o de protección de personas, deriven a los denunciantes directamente a nuestras oficinas, evitando así el traslado hasta la capital o Monteros, como ocurría anteriormente. También hemos mantenido diálogos con las Comunas para informarles sobre estos nuevos beneficios para los pobladores. Si bien toda transformación requiere su tiempo, percibo que la gente siente que la justicia está más próxima a ellos", afirmó el juez.
Estas medidas, enmarcadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, otorgan competencias a los Juzgados de Paz letrados en áreas como la protección de personas y la provisión de alimentos provisorios. Como parte de este proceso, la Corte ha creado la figura de referentes territoriales a finales del año 2023. Estos referentes, provenientes de los diferentes juzgados, actúan como intermediarios entre las personas en situaciones de violencia y el sistema judicial, ofreciendo un tratamiento específico para cada caso, con especial énfasis en la perspectiva de género y la gestión de riesgo para las víctimas.
