Cerca de 100 monterizos temen perder sus terrenos por una deuda del propietario de un loteo en Villa Nueva
Vecinos de Villa Nueva advierten por el riesgo de perder sus terrenos debido a una deuda que mantiene el propietario del loteo. Cerca de 100 familias aseguran haber comprado de buena fe y reclaman una solución ante la situación judicial.
Cerca de un centenar de vecinos de Villa Nueva, en Monteros, atraviesan una situación de incertidumbre por el futuro de los terrenos que adquirieron en un loteo de la zona. Según relataron los damnificados, el propietario del predio, identificado como José Ignacio Toledo, mantiene una deuda derivada de un préstamo y parte de los terrenos habría quedado alcanzada por un proceso judicial.
De acuerdo con el relato de los vecinos, el propietario habría obtenido un préstamo bancario utilizando como garantía una vivienda ubicada en Tafí. Al no cumplir con el pago de la deuda, esa propiedad fue embargada. Sin embargo, según explicaron, el inmueble no habría alcanzado para cubrir el total reclamado y ahora existiría preocupación porque el acreedor pretendería avanzar sobre otra propiedad que corresponde al sector donde se encuentra el loteo.
La situación genera preocupación entre las personas que adquirieron los terrenos, ya que aseguran que muchos cuentan con boletos de compraventa y que realizaron las operaciones de buena fe. Los vecinos sostienen que la escritura nunca llegó a concretarse porque el propietario no habría cumplido con las condiciones necesarias para avanzar con el trámite.
Según explicaron, Toledo les había manifestado que las escrituras se realizarían una vez que terminara de vender todos los terrenos. Mientras tanto, varias familias comenzaron a ocupar y desarrollar sus lotes a lo largo de los años.
En el lugar hay personas que aseguran vivir desde hace más de cinco y hasta más de diez años. También hay terrenos que fueron cerrados, viviendas en construcción y otros espacios donde los propietarios todavía no pudieron avanzar con las obras. Incluso, algunos vecinos relataron que sufrieron robos de materiales utilizados para cerrar sus terrenos.
Los damnificados también cuestionan que varias de las mejoras y servicios que, según afirman, habían sido prometidos al momento de la compra no fueron concretados por el propietario. Entre ellas mencionaron la provisión de agua y energía eléctrica, servicios que, de acuerdo con su relato, fueron resueltos por los propios vecinos que viven actualmente en el sector.
El conflicto judicial se remontaría a mediados de 2025, cuando habría quedado establecida una medida vinculada al embargo. Según explicaron los vecinos, inicialmente el proceso alcanzó una parte de la finca que no correspondía al sector loteado donde se encuentran sus terrenos.
Ahora, la preocupación está puesta en la posibilidad de que el proceso avance sobre la otra parte de la finca, donde se encuentran los lotes adquiridos por los vecinos. Los damnificados aseguran que, por el momento, la Justicia no habría permitido avanzar sobre ese sector, aunque manifiestan temor ante la posibilidad de que la situación pueda modificarse.
Los vecinos también expresaron preocupación por la posibilidad de que existan otros inconvenientes vinculados al patrimonio del propietario y que futuras situaciones judiciales puedan afectar nuevamente los terrenos. Se trata, por ahora, de una preocupación planteada por los propios damnificados y no de hechos judicialmente acreditados en el material aportado.
Este sábado a las 14:00, los interesados se autoconvocaron en la Plazoleta Islas Malvinas, con la intención de buscar soluciones a esta situación que consideran angustiante y, al mismo tiempo, poner el estado del conflicto en conocimiento de la opinión pública.
Ante este escenario, los vecinos buscan anticiparse a un eventual conflicto y analizan distintas alternativas para proteger los terrenos que aseguran haber adquirido legítimamente. Su intención, según explicaron, es encontrar una solución antes de que la situación avance y evitar que las familias que compraron los lotes terminen perjudicadas por una deuda que, sostienen, no les corresponde.
El caso reúne a familias que durante años invirtieron en sus terrenos, construyeron, cerraron sus propiedades o proyectaron sus viviendas y que ahora esperan certezas sobre la situación jurídica del lugar. Para los vecinos, el principal objetivo es que se reconozcan los derechos derivados de las operaciones de compraventa y evitar que el conflicto patrimonial del propietario termine afectando a quienes adquirieron los lotes.
