Hay un nuevo sospechoso por el robo del celular a Jaldo
Liliana “Pampita” Carrizo cambió su versión y acusó al fotógrafo que entregó la imagen clave. La Justicia rechazó su pedido de arresto domiciliario y analiza más pruebas.
La causa por el hurto del celular del gobernador Jaldo dio un giro inesperado: la principal sospechosa ahora señala al fotógrafo Héctor Juárez como el responsable del hecho. La Justicia negó su prisión domiciliaria y avanza con pericias sobre los dispositivos secuestrados.
La investigación por el robo del celular del gobernador Osvaldo Jaldo sigue sumando capítulos con giros cada vez más complejos. Esta vez, Liliana “Pampita” Carrizo, la única detenida por el hecho, declaró ante la Justicia y acusó al fotógrafo Héctor Juárez, quien había entregado la imagen clave que derivó en su arresto. Según su nueva versión, el celular le fue entregado por Juárez, lo que abre la posibilidad de que el delito haya sido parte de un plan más amplio, con múltiples involucrados.
El episodio ocurrió el 18 de junio durante un acto político en La Cocha, cuando el celular del gobernador desapareció en plena actividad pública. Una imagen captada por el fotógrafo Héctor Juárez habría mostrado a Carrizo con la mano dentro del saco de Jaldo, lo que motivó su detención. No obstante, ahora la mujer niega haber cometido el hurto y asegura que fue el propio fotógrafo quien la involucró y que sería él quien realmente tomó el dispositivo.
En paralelo, la defensa de Carrizo solicitó el arresto domiciliario alegando que la acusada está embarazada y tiene a su cargo dos hijas menores, pero el pedido fue rechazado por la Justicia. El fiscal a cargo consideró que en su vivienda no existen condiciones técnicas para instalar una tobillera electrónica, además de señalar que persiste el riesgo de entorpecimiento de la causa.
Mientras tanto, nuevas pericias complican aún más el escenario judicial. Una de las pruebas reveló que el celular del propio gobernador fue utilizado para tomar una fotografía de la imputada, lo que pone en duda la mecánica del robo tal como fue planteada originalmente. Este dato no solo desacredita la versión inicial de la imagen como prueba excluyente, sino que también abre interrogantes sobre quién tenía el dispositivo en ese momento y con qué intención.
Desde la querella también se deslizó que el robo podría tener motivaciones políticas o económicas, lo que llevó a la fiscalía a profundizar el análisis de cámaras de seguridad y los teléfonos secuestrados. La estrategia apunta ahora a determinar si hubo una planificación detrás del hecho y si existen otros actores involucrados.
La nueva defensora de Carrizo, la abogada Emilia Ale, sostuvo que su clienta está protegida por el principio de presunción de inocencia y advirtió que cualquier declaración que haya dado será evaluada en el marco de la investigación fiscal.
Por el momento, Carrizo permanece detenida, mientras la causa avanza con más interrogatorios, análisis de dispositivos y posibles nuevos imputados. El caso, que parecía cerrado, vuelve a generar tensión en el entorno político local, y podría derivar en una causa más amplia si se comprueba que hubo complicidad o encubrimiento.
