La regulación y sostenibilidad económica del Hospital Gral. Lamadrid: A 76 años del traspaso a la provincia
Nino Rivadeneira trae a la memoria de la comunidad monteriza, un hecho de relevancia en lo que respecta al funcionamiento, compromiso y responsabilidad de quienes hacen al manejo de la administración estatal y su impacto en la población.
Fue un 12 de julio de 1948, después de largas gestiones que comenzaron allá por 1910, se logró un proceso administrativo que iba dar estabilidad institucional al sector de salud pública de Monteros: el Hospital General Lamadrid a depender directamente del gobierno de la provincia de Tucumán. Mediante la Ley N°2023 y la Ordenanza N°13 que sancionó el Concejo Deliberante, se autorizó el traspaso de las instalaciones, del personal y del terreno de la institución sanitaria.
La medida, forma parte de un pedido realizado por todos los intendentes locales, quienes fueron solicitando a las autoridades provinciales tomar a su cargo el funcionamiento del nosocomio, debido a la imposibilidad de su sostenimiento. Con el gobierno de Juan D. Perón, se impulso una nueva redistribución de los ingresos para las provincias que favoreció avanzar en el postergado pedido.
Hasta 1948 los ingresos municipales eran destinados, en su totalidad, al funcionamiento del hospital, para brindar una adecuada atencion a los cientos de pacientes que asistían de diversos lugares. Las autoridades locales afrontaron la responsabilidad, concientes del valor que implicaba para la población una institución de salud pública. Pero al pasar a depender de provincia, iniciaba una nueva etapa, tanto para el hospital, como para la gestión municipal.
La provincia, al manejar mayores recursos económicos y como organismo que debe garantizar igualdad de condiciones a la población pudo comenzar a invertir en el hospital, para mejorar las condiciones del servicio de salud para los habitantes del sur de Tucumán. Así mismo, las condiciones laborales del personal de salud se mejoró.
Por otro lado, el ejecutivo municipal podría volcar los recursos e ingresos económicos en mejorar los servicios públicos y llevar adelante las obras que necesitaba el municipio, por entonces.
La deuda olvidada
Más allá que la provincia y nacional comenzaron a sustentar las necesidades del hospital, el resarcimiento económico que le correspondía percibir a la Municipalidad de Monteros por la entrega del establecimiento sanitario a la provincia nunca fue abonado por el gobierno.
Los trámites pasaron las gestiones de Carlos Domínguez y José Pedro Fernando Riera, para quedar en el olvido con los cambios que trajo el golpe de estado en el país, en 1955.
Pese a todo esos sinsabores, el hospital nunca dejó de funcionar, con momentos de estancamiento y crecimiento en servicios, según el paradigma dominante sobre los servicios públicos que tuvo y tiene cada gobierno a nivel nacional, provincial y local. Los tres pilares encargados de administrar las instituciones públicas.
