Adorni más complicado: una testigo clave lo complica y expone maniobras irregulares
Vanesa Tossi, secretaria del piloto, declaró ante la Justicia y reveló presiones, pagos informales y un intento de ocultar el viaje que involucra al jefe de Gabinete.
La investigación por el vuelo privado de Manuel Adorni suma nuevas pruebas. Una testigo denunció presiones, pagos sin factura y maniobras para ocultar la operación.
La causa judicial que investiga el polémico vuelo privado vinculado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con alto voltaje político y judicial. La declaración de Vanesa Tossi, secretaria del piloto, no solo ratificó irregularidades en el circuito de pago, sino que dejó al descubierto presiones, intentos de encubrimiento y posibles fallas en controles estatales.
Según su testimonio, el empresario y periodista Marcelo Grandío —señalado como financista del vuelo— le habría pedido explícitamente evitar la emisión de facturas y, posteriormente, desconocer la operación cuando el caso tomó estado público.
El episodio escaló cuando la testigo denunció sentirse amenazada por Grandío, quien incluso la contactó mientras prestaba declaración. “Me equivoqué, me quiero matar”, habría expresado Tossi ante el juez, dejando entrever el nivel de presión y arrepentimiento por su participación en la gestión del servicio.
Uno de los puntos más delicados de la causa gira en torno al intento de mantener el pago fuera del circuito formal. De acuerdo a la reconstrucción judicial, el dinero no se abonó al momento del vuelo, sino días después, mediante un mecanismo informal que incluyó el envío de efectivo a través de un tercero —un motoquero— hasta una clínica donde se encontraba la secretaria.
La figura de Horacio Gómez, señalado como apoderado de Grandío, aparece como pieza clave en la logística: habría coordinado tanto la entrega del dinero como la estrategia posterior para negar la existencia del vuelo. Incluso se envió una carta documento calificando la factura como “falsa” y proponiendo anularla mediante una nota de crédito.
Pero el expediente suma un elemento aún más sensible: posibles irregularidades en los controles aeroportuarios. Según declaró Tossi, el día del vuelo intervino personal jerárquico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, facilitando la salida con un procedimiento atípico. En lugar de aplicar reconocimiento facial, se habría optado por un simple escaneo de documentos, lo que encendió alarmas sobre una posible flexibilización de protocolos.
En paralelo, la Justicia avanza sobre el patrimonio de los involucrados. El fiscal ordenó una batería de medidas que incluyen cruces de datos sobre bienes, vehículos y aeronaves, en una línea investigativa que apunta a determinar si existieron beneficios económicos indebidos.
El caso, que ya tenía condimentos políticos, suma ahora ingredientes judiciales complejos y deja una pregunta flotando: ¿se trató de una gestión irregular aislada o de un esquema más amplio con ramificaciones dentro del Estado? Por lo pronto, el expediente sigue creciendo… y el margen de maniobra, achicándose.
