El Gobierno de Milei redujo los medicamentos gratuitos: Remediar pasó de 128 productos a solo seis
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió sobre el retroceso en el acceso gratuito a medicamentos durante los últimos dos años. También señaló una reducción de la cobertura de PAMI, que pasó de casi 3.000 medicamentos a unos 2.000. Los recortes podrían trasladar mayores gastos a las familias y a las provincias.
El acceso gratuito a los medicamentos sufrió un fuerte retroceso durante los últimos dos años, a partir de los recortes aplicados por el Gobierno de Javier Milei a los programas Remediar y PAMI. Así lo advirtió un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que puso el foco en la reducción de los productos disponibles y la cantidad de beneficiarios alcanzados por la cobertura estatal.
Uno de los cambios más importantes se produjo el 15 de octubre de 2026, cuando el Ministerio de Salud de la Nación redujo de 128 a seis los principios activos incluidos en el listado nacional de medicamentos esenciales para la atención primaria.
El programa Remediar, creado en 2002, tiene como objetivo garantizar medicamentos gratuitos a personas que se atienden en el sistema público de salud. Su funcionamiento se basa en la distribución de botiquines en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país. Llegó a abastecer a unos 8.100 establecimientos y, según datos del Ministerio de Salud, alcanzaba a 19 millones de personas.
Sin embargo, la nueva disposición reemplazó el listado vigente desde 2021 por una nómina de apenas seis principios activos, todos vinculados con enfermedades cardiovasculares: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.
La reducción dejó afuera medicamentos de uso frecuente para tratar distintas enfermedades y afecciones. Entre ellos se encuentran la metformina, utilizada para la diabetes; la levotiroxina, indicada para el hipotiroidismo; el salbutamol, empleado en tratamientos para el asma y la EPOC; antibióticos como la amoxicilina y la cefalexina, además de fluconazol, loratadina, suplementos de hierro, ácido fólico y distintos anticonceptivos.
De acuerdo con el informe del CEPA, el recorte fue progresivo. En 2024, los botiquines contenían alrededor de 75 productos. Durante el primer semestre de 2026, la cantidad descendió a unos 30 y, desde julio, quedó reducida a entre 22 y 23 medicamentos, hasta llegar a los seis principios activos establecidos en octubre.
También cayó la cantidad de centros de salud abastecidos. De unos 8.100 establecimientos se pasó a 4.131 en la última entrega de 2025 y a 4.202 en la primera de 2026.
En paralelo, los tratamientos dispensados disminuyeron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, lo que representa una reducción del 62%. El presupuesto asignado al programa para 2026, de $36.054 millones, implica una caída real del 72% respecto del ejecutado en 2023.
El impacto alcanza especialmente a las personas que no cuentan con obra social ni prepaga, un sector que representa más del 44% de la población. El estudio también advierte sobre las consecuencias para niños, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres que accedían gratuitamente a métodos anticonceptivos.
La menor disponibilidad de medicamentos en los centros de atención primaria podría incrementar el gasto de bolsillo de las familias y trasladar una mayor demanda hacia hospitales de mayor complejidad.
El informe también puso en discusión el impacto de los recortes sobre las provincias y los municipios. La administración nacional sostuvo que la atención primaria es una competencia provincial y que el nuevo listado de medicamentos tiene carácter orientativo. Sin embargo, el CEPA advirtió que las jurisdicciones deberán afrontar la cobertura de los medicamentos que dejaron de recibir desde Nación, con posibilidades diferentes según sus capacidades presupuestarias.
En el caso de PAMI, el informe también señala una reducción de la cobertura de medicamentos, que pasó de casi 3.000 productos a alrededor de 2.000, en otro de los cambios que afectan el acceso a tratamientos gratuitos para jubilados y pensionados.
