Atención: Para anotar a tu hijo en la escuela, no estás obligado a pagar Cooperadora
Con el inicio del Ciclo Lectivo 2026, las instituciones educativas habilitaron la etapa de inscripción para estudiantes de todos los niveles. En este contexto, se recuerda que el Ministerio de Educación de Tucumán mantiene en plena vigencia la Resolución Nº 215/5 (Med), que establece que la matriculación en escuelas públicas de gestión estatal es gratuita y no puede estar condicionada al pago de ningún concepto, ni de manera directa ni a través de las Cooperadoras Escolares.
Si las instituciones exigen montos como requisito de inscripción, son practicas que vulneran normativas vigentes que garantizan la gratuidad y equidad de la educación pública en todos sus niveles y modalidades.
En Tucumán las Cooperadoras Escolares están reguladas por el Decreto Nº 119/14 (SE)-82 y normativas complementarias. Su aporte es estrictamente voluntario y libre, y debe gestionarse con transparencia: mediante actas, emisión de recibos y rendición de cuentas ante la Dirección de Auditoría Interna, siguiendo lo dispuesto en circulares como la Nº 33/2024 y la Nº 02/2025. Además, las comisiones directivas deben elegirse en asambleas ordinarias, preferentemente dentro del primer bimestre de clases.
El uso de los fondos recaudados por las cooperadoras debe destinarse a mejoras edilicias, mobiliario, materiales didácticos y apoyo a las actividades institucionales, conforme a la Ley 26.759. De esta manera, se busca fortalecer el sentido de pertenencia y la integración de la escuela con su comunidad, sin que ello implique un obstáculo para la inscripción o el acceso a trámites administrativos y pedagógicos.
La Resolución ministerial difundida en comunicado oficial en 2024, exhorta a los directores de las escuelas públicas a abstenerse de condicionar la matrícula o cualquier trámite al pago de cooperadora, bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias. Asimismo, se instruyó a las Direcciones de Nivel a realizar controles para garantizar el cumplimiento de la normativa y preservar el carácter público y gratuito de la educación estatal.
