El Gobierno liberó el paso en la Quebrada del Portugués en El Mollar
El Gobierno tucumano desmontó un portón en la Quebrada del Portugués y recuperó terrenos de una escuela tomados por la Comunidad Diaguita. Afirman que se trata de espacios públicos clave para el turismo y la educación.
En un operativo sin estridencias pero con alto impacto político, el Gobierno de Tucumán recuperó dos espacios clave en los Valles Calchaquíes que se encontraban ocupados por integrantes de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar (Cidem). La acción incluyó la demolición de un portón que obstruía el paso en la Quebrada del Portugués, así como la restitución del terreno perteneciente a la Escuela 374 de El Potrerillo.
La primera intervención tuvo lugar el jueves por orden de la Fiscalía de Estado. A través de su Unidad Ejecutora y con apoyo de personal de Infantería de la Unidad Regional Oeste, se procedió al desmonte del portón metálico que bloqueaba el acceso al antiguo sendero colonial que une Pueblo Viejo con El Rincón. Si bien un referente de la comunidad intentó impedir la demolición, no se registraron incidentes.
“El portón era un atropello a los derechos de todos los tucumanos”, declaró Marcos Décima, pescador y denunciante del caso. El acceso, muy utilizado por senderistas, ciclistas y amantes de la pesca, forma parte de un corredor histórico que conectaba con el Alto Perú y que, pese al avance de la ruta 307, sigue siendo una vía alternativa de alto valor natural y turístico.
El paso había sido restringido por la Cidem con horarios de acceso sin peaje, una situación que motivó la intervención estatal. La Fiscalía de Estado determinó que las tierras eran de dominio público, con titularidad compartida entre el Gobierno provincial y el Ejército Argentino. “No existe reconocimiento legal de los derechos invocados por la comunidad”, indicó la fiscal de Estado, Gilda Pedicone. “Actuamos con firmeza, como en cualquier causa que comprometa el uso público del territorio”.
En paralelo, se ejecutó un segundo operativo en El Potrerillo, donde se removieron alambrados y cartelería que señalaban como propiedad indígena un terreno perteneciente a la Escuela 374. La medida, impulsada por el Ministerio de Educación y con colaboración de Vialidad provincial, concluyó con la recuperación total del predio, ahora nuevamente bajo tutela del sistema educativo.
Desde la comunidad indígena no hubo declaraciones públicas. Sin embargo, la respuesta social no se hizo esperar. “Era hora de poner límites. Esta gente se autoatribuye derechos que nadie les ha concedido”, expresó María del Valle Heredia, vecina y veraneante frecuente en la zona.
El Gobierno de Tucumán aseguró que estos procedimientos responden a una decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo y que se replicarán en todos los casos donde se verifique la apropiación irregular de tierras públicas. La defensa del libre acceso, el turismo sustentable y el fortalecimiento del sistema educativo se perfilan como ejes centrales de esta nueva etapa.
