Alarma en el sur tucumano: investigan presunta red de captación de menores a través de videojuegos y redes
Investigan en Tucumán un presunto caso de corrupción de menores con captación a través de videojuegos y redes sociales que podría involucrar una red.
Una grave denuncia por un presunto caso de corrupción de menores sacude al sur de Tucumán y encendió las alarmas en el ámbito judicial. El expediente, que comenzó en la órbita provincial, ya fue derivado a la Justicia Federal ante la sospecha de una posible red con conexiones fuera de la provincia e incluso del país.
El caso se inició a partir de la presentación de una mujer ante el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, donde relató una serie de hechos que habrían comenzado con mensajes recibidos en un entorno familiar. Según su testimonio, fue alertada sobre la existencia de material que involucraba a un menor, lo que derivó en un encuentro en el que pudo ver parte de esos contenidos, situación que describió como de fuerte impacto emocional.
De acuerdo a la denuncia, los hechos estarían vinculados a un mecanismo de captación que se repite en distintos casos de delitos digitales: el contacto inicial a través de plataformas de juego online y aplicaciones de mensajería, seguido por la promesa de beneficios virtuales —como créditos o elementos dentro de videojuegos— para luego escalar hacia pedidos de contenido íntimo.
La presentación, realizada con el asesoramiento del abogado José Sánchez Martínez, también menciona la existencia de conversaciones y contactos que podrían involucrar a otras personas, algunas fuera del ámbito provincial. Incluso se detectaron comunicaciones con prefijos internacionales, lo que reforzó la hipótesis de una estructura más amplia.
En ese contexto, el fiscal Jorge Echayde solicitó la intervención del fuero federal, pedido que fue aceptado por el juez Roberto Flores, quien declaró la incompetencia de la Justicia provincial. La causa quedó así en manos del juzgado federal de turno, con intervención del fiscal Rafael Vehils Ruiz y del juez Guillermo Díaz Martínez.
El expediente vuelve a poner el foco en una problemática creciente: el uso de videojuegos y redes sociales como puerta de entrada para delitos como el grooming y la explotación de menores. Especialistas en delitos informáticos advierten que estas plataformas combinan anonimato, acceso masivo y dificultad de control, lo que las convierte en un terreno propicio para este tipo de maniobras.
En este caso, la investigación buscará determinar la trazabilidad de las comunicaciones, identificar a los posibles responsables y establecer si efectivamente existe una red organizada detrás de los hechos denunciados.
Mientras tanto, el proceso avanza bajo estricta reserva para resguardar a los menores involucrados y garantizar el desarrollo de medidas de protección tanto en el plano físico como psicológico.
El caso, aún en etapa inicial, abre interrogantes sobre el alcance de estos delitos en contextos locales y refuerza la necesidad de fortalecer la prevención, la educación digital y los mecanismos de control frente a una problemática que crece en silencio.
