Pidieron la detención del intendente de Alberdi, pero un juez lo rechazó

Luis Campos, removido de su cargo la semana pasada, fue acusado por la Justicia Federal en una causa por presunta asociación ilícita, narcotráfico y lavado de dinero. También fue involucrado su secretario de Hacienda.

El fiscal federal Vehils Ruiz pidió la detención de Luis Campos y de José Roldán, exfuncionarios del municipio de Alberdi, pero el juez Díaz Vélez denegó el pedido. La causa también salpica a la legisladora Sandra Figueroa, esposa del exintendente.

En medio de una crisis política e institucional que sacude a Juan Bautista Alberdi, la Justicia Federal dio un paso que podría tener implicancias mayores: el fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó este lunes la detención del intendente destituido, Luis Campos, y de su exsecretario de Hacienda, José Roldán, en el marco de una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos.

La solicitud se produjo de manera paralela a la decisión del Gobierno de Tucumán de intervenir el municipio, medida que expuso aún más las profundas divisiones políticas en la ciudad del sur provincial. Campos fue removido de su cargo la semana pasada por el Concejo Deliberante, en una votación cargada de tensión, luego de semanas de denuncias públicas y movilizaciones.

Según fuentes judiciales, la misma causa involucra también a la legisladora oficialista Sandra Figueroa, esposa de Campos, aunque la situación de la parlamentaria es diferente por estar amparada por los fueros que le otorga su banca. Aun así, su nombre aparece mencionado en la investigación como parte del presunto entramado ilícito.

Sin embargo, el juez federal José Manuel Díaz Vélez, quien interviene en la causa, resolvió no hacer lugar al pedido de detención formulado por el fiscal. En su lugar, impuso restricciones sobre la libertad ambulatoria de Campos, quien no podrá salir ni de la provincia de Tucumán ni del país, mientras continúe el proceso judicial.

Por el momento, el fallo judicial representa un revés para el Ministerio Público Fiscal, aunque la investigación continúa en marcha y no se descartan nuevas medidas en los próximos días. En Alberdi, la situación política sigue marcada por la incertidumbre y la polarización, mientras los vecinos y actores institucionales aguardan definiciones sobre el futuro del municipio.

El caso promete seguir generando repercusiones, tanto en el plano judicial como en el político, en una localidad que en apenas una semana pasó de la gobernabilidad institucional a un escándalo con derivaciones en el fuero federal.