Condenan a dos hombres por el robo de módulos alimentarios en Tucumán
Recibieron tres años de prisión condicional por desviar mercadería destinada a sectores vulnerables. Uno de ellos fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
La Justicia tucumana condenó este jueves a dos hombres de 59 y 50 años por el delito de peculado, luego de comprobarse su participación en el desvío y comercialización de módulos alimentarios provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Ambos recibieron una pena de tres años de prisión condicional, y uno de ellos, ex empleado público, fue además inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos estatales.
La resolución se dio en el marco de un juicio abreviado solicitado por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, encabezada por la fiscal Mariana Rivadeneira y su auxiliar Brenda Deroy, quien expuso los fundamentos del caso.
El hecho fue descubierto de manera fortuita durante un allanamiento en noviembre de 2024 en una vivienda del barrio Manantial Sur, donde residían padre e hijo. El procedimiento, inicialmente ordenado por una causa de lesiones, reveló el acopio ilegal de grandes cantidades de alimentos cuya venta estaba prohibida. También se halló documentación que probaba la comercialización ilegal de la mercadería.
Cómo desviaban los módulos
La investigación determinó que los acusados desviaban los módulos alimentarios, originalmente destinados a sectores vulnerables, y los vendían con fines de lucro. Los productos eran retirados mediante órdenes legítimas desde el depósito oficial del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la autopista Juan Domingo Perón camino al aeropuerto.
Además de la pena condicional, los condenados deberán cumplir con reglas de conducta y tareas comunitarias no remuneradas en instituciones de bien público. El juez interviniente homologó el acuerdo, que contó con el aval del Gobierno provincial como parte querellante.
Por su parte, el principal acusado de la causa, un hombre de 39 años e hijo del condenado de 59, fue señalado como el cabecilla de la organización y permanece con prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Este caso generó fuerte indignación social por la manipulación de recursos destinados a personas en situación de vulnerabilidad, y abre un precedente sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control en la distribución de ayuda estatal.
