Circuito paralelo de escrituras: la inmobiliaria ilegal de ex empleados estatales en predios fiscales de El Mollar y El Cadillal

Una red de maniobras fraudulentas que habría operado dentro del propio Estado provincial salió a la luz tras nuevas denuncias de la Dirección General de Catastro ante la Justicia tucumana. Cinco empleados de la ya eliminada Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat fueron acusados penalmente por haber supuestamente cobrado dinero a ciudadanos a cambio de trámites de escrituración ilegales sobre tierras fiscales en El Cadillal y El Mollar, en una operatoria que podría implicar delitos de usurpación, estafa y asociación ilícita.

Las investigaciones, encabezadas por el fiscal Miguel Varela, se iniciaron con el caso del “Loteo Gaucho Castro” en El Mollar, donde se descubrió una supuesta “inmobiliaria estatal” integrada por empleados públicos que ofrecían regularizar terrenos usurpados a cambio de comisiones y favores. Sin embargo, las pesquisas revelaron que estas prácticas se habrían replicado en otros puntos de la provincia, en especial en El Cadillal, uno de los principales polos turísticos de Tucumán.

La denuncia original contra Rafael Trujillo, Maximiliano Barreiro y el ex titular de la repartición Fernando Rogel Chaler, apuntaba a un esquema en el que los funcionarios captaban terrenos fiscales, los loteaban y los comercializaban a terceros, a quienes ofrecían “regularizar” la posesión. A cambio, habrían recibido hasta el 20% de los lotes como comisión o pagos en efectivo. Más de 30 personas fueron desalojadas judicialmente y las tierras recuperadas por la provincia.

En El Cadillal, la maniobra presuntamente tomó otra forma. Trujillo y Barreiro, junto con otros empleados como Gustavo Lagarrigue, Pablo Zossi y Norma Silva, están acusados de haber emitido constancias sin valor legal y de cobrar entre $ 180.000 y $ 240.000 a particulares a cambio de iniciar trámites de escrituración de terrenos que en realidad no eran regularizables según la normativa vigente.

Según los testimonios y las pruebas aportadas por Catastro, los implicados habrían utilizado documentos y expedientes simulados, aprovechando vacíos legales y la buena fe de los compradores. Los pagos eran exigidos para avanzar con mensuras, planos y otras formalidades que nunca se concretaban, generando una falsa expectativa de legalidad.

Entre las pruebas presentadas ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, figura un video que se viralizó en redes, donde se observa a Trujillo ofreciendo constancias de supuestos trámites a vecinos de Villa del Lago, un barrio del Cadillal. También se registraron imágenes de ciudadanos haciendo fila en la oficina estatal con dinero en mano, mientras al menos uno de los empleados contaba efectivo. Todo esto, pese a que los trámites eran oficialmente gratuitos.

De acuerdo con las denuncias, los señalados habrían creado una especie de circuito paralelo de escrituraciones, valiéndose de sus cargos públicos para simular gestiones administrativas que en realidad no tenían ningún aval legal. “No somos usurpadores, somos compradores de buena fe. El mismo Gobierno nos dio la posibilidad de acomodar las cosas”, expresó Camila Herrera, una de las damnificadas que participó de una asamblea de vecinos realizada en el Anfiteatro de El Cadillal.

Los investigadores no descartan que las maniobras fueran avaladas o encubiertas por funcionarios de mayor jerarquía. En El Mollar, el comisionado rural Jorge Cruz está siendo investigado por haber avalado el loteo ilegal y por haber otorgado, tres años después de las ventas, la factibilidad para el suministro de agua potable, una condición que legalmente debe preceder a cualquier comercialización.

En El Cadillal, el actual comisionado Dante Delgado aparece mencionado en los hechos por haber participado, en plena campaña electoral, de las reuniones encabezadas por Trujillo, donde se ofrecían las constancias apócrifas. Aunque no se ha definido su situación procesal, las fechas de las gestiones coinciden con la antesala del proceso oficial de licitación pública.
El programa de regularización dominial de tierras fiscales, lanzado oficialmente en abril de 2023, establecía que los ocupantes de lotes de hasta 3.000 m² debían iniciar un proceso administrativo ante el Ente de Turismo para acceder a una licitación que les permitiera comprar legalmente los terrenos. Sin embargo, sólo 400 personas (el 10%) de las aproximadamente 3.000 viviendas construidas en forma irregular se presentaron.

La mayoría de quienes no lo hicieron, ahora denuncia haber sido engañados por empleados estatales, que les prometieron una vía “más rápida” a cambio de dinero. Muchos de ellos ahora enfrentan la posibilidad de perder sus viviendas si no se aprueba una nueva ley que restablezca el proceso.

La Fiscalía de Estado, impulsora de las denuncias, sigue auditando más de 20.000 expedientes en busca de nuevas irregularidades. El gobernador Osvaldo Jaldo ya había eliminado la repartición sospechada a través de un decreto en enero, y ordenó que la Dirección de Catastro asuma todas las tareas de control y regularización.

La causa por el “Loteo Gaucho Castro” y la nueva denuncia sobre El Cadillal podrían ser solo la punta del iceberg de una trama más extensa de corrupción y tráfico ilegal de tierras estatales. Mientras tanto, cientos de familias aguardan respuestas y la definición de su situación legal, en medio de un escenario que compromete seriamente a estructuras del Estado provincial.