Jaldo apartó al Delegado de El Mollar mediante un DNU

[Imágenes: gentileza Eugenia Delgado.]
El gobernador Osvaldo Jaldo resolvió esta tarde apartar por DNU al delegado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, hasta tanto se esclarezca su participación en el caso por la venta de tierras de la Reserva La Angostura. Apenas regresó a Tucumán desde Buenos Aires, el titular del Poder Ejecutivo firmó el documento que dispone la suspensión del comisionado.
Hasta tanto se resuelva el caso, asumirá interinamente el subdelegado Ramón Pacífico Avila, quien será puesto en funciones mañana a primera hora por el ministro del Interior, Darío Monteros.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Nosotros no avalamos a nadie y pedimos que la Justicia vaya a fondo, sea con las personas que han accedido, con funcionarios de gestiones anteriores y actuales. Que se esclarezca y que les caiga todo el peso de la ley”, declaró Jaldo.
El Decreto de Necesidad y Urgencia N°2/10 lleva las firmas de los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Economía y Producción, Daniel Abad; de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; de Educación, Susana Montaldo; de Interior, Darío Monteros; de Desarrollo Social, Federico Masso; de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur; y por el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur. Se informó oficialmente que el DNU será publicado mañana en el Boletín
Séptimo sospechoso
La decisión del gobernador se produce después de que el comisionado Cruz se transformó en el séptimo sospechoso de haber integrado el grupo que habría usurpado las tierras de la Reserva La Angostura para luego comercializarlas. La noticia se conoció el pasado 3 de febrero luego de que se allanara la sede comunal y la casa paterna del funcionario donde se secuestró valiosa documentación que complicaría su situación procesal.
En octubre, empleados estatales descubrieron que desconocidos estaban ocupando la zona protegida. La Policía derribó varios cercados y la fiscal de Estado Gilda Pedicone comenzó a actuar judicialmente. Primero logró que una jueza dictara una medida de no innovar para evitar nuevas ventas y que se siguiera construyendo en el lugar. Luego presentó una denuncia penal contra el titular del proyecto inmobiliario Juan Pablo Castro y contra cualquier otra persona que surgiera por los delitos de usurpación y estafas reiteradas. Por último, en un fallo sin precedentes, el representante de la Fiscalía de Estado José María Molina, con el apoyo del Ministerio Público Fiscal, logró que un juez restituyera de manera provisoria las tierras a la Provincia.