Medida del gobierno nacional: personas con discapacidad ya no cuentan con el pasaje gratuito en larga distancia
Los puntos sin resolver del decreto 883/24 hicieron que las empresas de transporte automotor limitaran o cancelaran el beneficio.
La desregulación de los servicios de ómnibus de larga distancia que dispuso Javier Milei a principios de octubre provoco el primer impacto colateral: las personas con discapacidad se quedaron sin pasajes gratuitos.
Los puntos sin resolver del decreto 883/24 hicieron que las empresas de transporte automotor limitaran o cancelaran el beneficio a aquellos con el certificado de discapacidad.
Ante las quejas de las personas usuarias que dejaron de acceder al beneficio, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte intimó a las compañías de micros de la larga distancia a restablecerlo.
Las cámaras empresariales del sector anticiparon que ya no están obligadas a cumplir con la medida y cuestionaron al secretario de Transporte, Franco Mogetta, ya que no hay reglamentación para el nuevo esquema o mismo una indicación que se haga cargo del costo de estos pasajes. / Fuente: FiloNews.
Alcance de la desregulación
Galileo Vidoni, politólogo, especialista en Política y Planificación del Transporte (UNSAM) e investigador del Centro de Estudios Metropolitanos, explicó: “La desregulación implica que el transporte público interurbano y de larga distancia deja de considerarse un servicio público, sujeto a licencias, criterios técnicos y cronogramas que las empresas debían cumplir, y pasa a ser un servicio de libre oferta donde cualquier empresa con un vehículo puede a través de un simple trámite pasar a ser prestador de servicios”.
Sobre un posible impacto de la medida en pasajeros, el especialista indicó que “puede afectar recorridos que se dejan de cubrir por no ser rentables, puede afectar variaciones fuertes o imprevistas en las tarifas (porque al no ser servicio público ya no está regulado), e inclusive fenómenos de cartelización (es decir, que las tarifas acaben subiendo en lugar de bajar) si el Estado no actúa para garantizar las condiciones de mercado”.
Esta medida, explicó, lleva a que se corra el riesgo de que el transporte de larga distancia ya no llegue a pueblos o ciudades a las que no es rentable llegar. “Al no ser considerado un servicio público, no existen exigencias de obligatoriedad o principio de bien público superior”, agregó.
