¿El asesinato de la monteriza fue planificado? Eso creen los investigadores

La búsqueda de esclarecimiento del crimen de Chacabuco 59 ingresa por estas horas en una etapa decisiva. La nómina de posibles imputados y las hipótesis del asesinato se van cayendo con el paso del tiempo, los investigadores mencionaron que esconde un componente económico: la venta de la propiedad, aunque habría otros elementos a considerar.

Con las pruebas reunidas recientemente, comenzaron a dibujarse dos certezas. Habría más de una persona involucrada en el crimen y otras entrarían en la categoría de encubridores. Otro elemento que no se puede desechar, es que el sangriento suceso habría sido cuidadosamente planificado. Con el correr de las horas, las sospechas terminarán confirmándose o descartándose.

De a poco se van desvelando nuevos datos sobre cómo habría llegado el cuerpo de la víctima a la cisterna donde apareció. Esto incluye un elemento macabro pero a la vez, esclarecedor. Para ocultar el cadáver en ese recipiente, los autores abrieron un agujero en ese lugar y, fue por allí que metieron el orificio, para luego cerrarlo.

Otro dato a considerar es que ese depósito de agua, que se encontraba vacío, estaba impoluto, mientras que las otras paredes de ese sector de la vivienda estaban en mal estado.

Los pesquisas descubrieron también que había manchas de pintura en el piso. Datos no menores ya que son evidencias de que el trabajo de esconder el cuerpo fue planificada por alguien que sabía lo que debía hacer.

Las miradas se dirigen ahora quienes están mencionados en la causa y que posean conocimientos de albañilería. Los albañiles que contrató el comprador de la casa, Walter Marchese, y Facundo Salomón, el último aprehendido en la causa que reconoció ser auxiliar de albañilería; y en Córdoba, donde fue detenido, se ofrecía a limpiar tanques de agua.

El fiscal Sale recibió recientemente un informe clave: la escritura de la vivienda estaba a nombre de Picciuto, y allí se lee claramente que el inmueble fue adquirido en 2003 por $100.000, unos U$S 35.000 de esa época.

El valor actual de la casa es mucho más importante, ya que recibió reformas importantes como la edificación de los locales comerciales y las tres habitaciones que estaban en la planta superior que en un primer momento era alquilado como oficinas y luego fueron usadas como cuartos.

José Luis Fumero y la víctima se casaron en 2000 y terminaron divorciándose en 2008. La vivienda era un bien ganancial y, pese a que legalmente estaban divorciados, la Justicia no resolvió la división de bienes, por lo que el ex marido no podría haber vendido de manera legal sin la autorización de “Gaby”.

Picciuto les contó a sus familiares que en octubre comenzó a ser presionada para que se vendiera el inmueble.

Los investigadores creen que el autor de esos pedidos era Fumero, que paralelamente estaba haciendo otras gestiones para cumplir con su objetivo. Habría necesitado hacerse de un capital para poder salvar su empresa de reparación y venta de ascensores.
En diciembre conoció a la procuradora Luciana Marín de la Fuente que le propuso hacer una mediación privada para lograr la división de bienes, homologar el acuerdo en tribunales y poder concretar la venta. Lo que pasó después sigue sin ser esclarecido.

Alfredo Socci y Natalia Liberman, que son defendidos por José María Molina y Juan Pablo Bello respectivamente, en su declaración espontánea, señalaron que la procuradora se presentó en el domicilio avisando que ella alquilaría una de las habitaciones para instalar su oficina. También dijeron que el 2 de mayo la profesional, junto a otras personas, intentó ingresar a la propiedad, por lo que llamaron al servicio 911.

Una semana después, esas personas fueron obligadas a irse, después de haberles ofrecido un lugar para ir a vivir al sur de la ciudad y $60.000 en concepto de reparación económica por todos los gastos que habían tenido.

Socci y Liberman, a los que les dictaron la prisión preventiva por estar acusados del homicidio de Picciuto, también denunciaron que, días antes de que se hallara el cuerpo, un grupo de personas ingresó a la vivienda de “Gaby” donde extrajeron todo lo que había en el interior.

El comprador Marchese, que tiene varias denuncias por usurpación en la Justicia, confirmó que le compró a Fumero su parte por $3 millones y una moto valorada en $500.000.

Habían acordado que le pagaría los $32 millones restantes una vez que el vendedor le entregara todos los papeles que acreditaran su propiedad. Mientras tanto, en menos de tres semanas, la casa se refaccionó totalmente.

“Fumero no lo conoce a Marchese. Creemos que Luciana Marín de la Fuente fue la que llevó adelante las negociaciones. Estamos investigando qué instrumento legal utilizaron para hacer la operación”, explicó Rodrigo Vernal, defensor del ex marido de la víctima.

“Hasta aquí no hay ningún papel, todo se hizo de palabra porque creemos que sólo hubo una autorización de venta registrada en alguna escribanía. Pedimos ”, indicó. (La Gaceta)