Hasta que esté la sentencia definitiva del Centro Judicial de Monteros, que ocurrirá después de la feria, el cacique afirmó «se sigue la resistencia».
En 22 de diciembre, la jueza Fuentes Lajud realizó una inspección ocular en las inmediaciones de la ocupación del predio.

El Juzgado de Paz de Tafí del Valle hizo lugar a un amparo a la simple tenencia presentado por los propietarios de la histórica Estancia Los Cuartos para recuperar una porción del predio que ha sido usurpada a fines de noviembre. Así, al igual que con las tierras fiscales tomadas en La Quebradita, los miembros de la Comunidad Diaguita fueron intimados a “hacer entrega del inmueble libre de todos los ocupantes y cosas” bajo la amenaza de la intervención de la fuerza pública. Además, el Centro Judicial de Monteros dictó una medida cautelar que ordenó a las partes “abstenerse de modificar el estado de hecho existente” hasta tanto haya una resolución definitiva una vez que finalice la feria.

La primera resolución fue firmada el 6 de enero por la jueza Susana Fuentes Lajud y está dirigida a Mercedes Chenaut, la propietaria del campo que falleció el 20 de diciembre. Sus familiares continúan el caso e insisten en que poseen la documentación que acredita su posesión legal en el lugar. “Tenemos que esperar la ratificación o rectificación del juez de Monteros para que la decisión sobre el amparo quede firme”, explicó a LA GACETA Ana María Terán, una de las dueñas de la emblemática estancia.

El tema quedó en manos del Juzgado de Documentos y Locaciones en feria, a cargo de María Gabriela Rodríguez Dusing, pero se espera que la sentencia definitiva ocurra recién el mes que viene. Mientras, persisten las tomas y los referentes de la Comunidad Diaguita ya avisaron que seguirán tanto en la propiedad privada como en los espacios públicos cercanos “hasta tener respuestas del Gobierno” sobre los problemas habitacionales que padecen.

“No se ha logrado el diálogo que buscábamos, pero sigue la resistencia. Las medidas siempre se resuelven en favor de los poderosos y no de la gente de aquí. Alguien tiene que sentarse con nosotros y hacerse cargo del déficit habitacional de los pueblos originarios”, dijo a este diario el cacique Santos Pastrana. Ayer, mantuvo una reunión con los líderes de otras agrupaciones diaguitas del valle -avisó- “para organizar un planteo conjunto”.

Ante las resoluciones judiciales que ordenan la retirada de la comunidad de las tierras públicas y privadas ocupadas, Pastrana reiteró que sólo se irán con una sentencia firme del Centro Judicial de Monteros y un compromiso oficial de negociaciones. “Algunos planteos se contradicen. Nuestra gente sólo está en espacios abiertos relevados de los que poseemos derechos ancestrales. Hacemos el aguante e iremos por la nulidad”, anticipó el cacique.

También aseveró que evitó que sus seguidores hicieran un corte en la ruta 307. “Hay enojo por la falta de voluntad política, pero no queremos generar caos a personas que no tienen nada que ver. Seguimos esperando una reunión con el Gobierno”, manifestó.

Maura Lorena Díaz, delegada de base de la comunidad, ratificó la posición de Pastrana. “Por la feria, recién sabríamos algo en febrero. Estamos firmes y no nos vamos a ir hasta que nos den respuestas”, comunicó ayer.

Derechos de los niños

La demanda de las familias Chenaut y Terán está dirigida a “Margarita Castillo y otros” y es sobre una porción de la estancia que está ubicada detrás de la Iglesia María del Rosario de Los Cuartos, camino a La Quesería y a la par del río Blanquito.

Así como en las tomas vecinas en La Quebradita, en la propiedad privada se han instalado madres con numerosos niños. Por ello, la resolución inicial de Fuentes Lajud dio intervención a la Defensoría de la Niñez, Adolescencia y Capacidades Restringidas. Unos días después, la jueza Rodríguez Dusing de Monteros emitió la medida cautelar en la que reitera dicha intervención por la presencia de al menos siete menores de edad (el escrito los menciona con nombre, apellido y DNI). Además, solicitó que la resolución fuera comunicada a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia “atento a la gravedad de los hechos acaecidos” y “con el objeto de brindar colaboración en el diálogo necesario para una resolución pacífica del conflicto suscitado”.

«Les cuento que el juicio iniciado en su contra no tendrá una solución definitiva hasta tanto se termine la feria judicial, para que su análisis pueda ser realizado con el procedimiento y reglas que corresponden para asegurar a todos sus derechos. Sin embargo, he ordenado que por ahora no modifiquen la situación en la que se encuentra el predio. Es decir no sigan construyendo ni entren más personas”, enuncia el texto firmado por Rodríguez Dusing al que accedió LA GACETA.El fragmento corresponde al apartado “Lenguaje comprensivo para los destinatarios” de la resolución. En él, la jueza también informó a la comunidad la intervención de otras áreas “para que colaboren para que los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que se encuentran allí estén en las mejores condiciones hasta que se resuelva el conflicto”.

Fuente: La Gaceta