A principios de noviembre se realizó una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Maternidad. La paciente tenía 13 años y había quedado embarazada producto de una violación, según consignó Página 12. En este tipo de situaciones, el Código Penal contempla el acceso al aborto de la gestante y no es punible (pasible de sanción o castigo). La fiscal Adriana Giannoni actuó de oficio y abrió una investigación contra el personal médico que realizó el procedimiento.

Esta semana, organizaciones que se manifiestan en contra de la legalización del aborto emitieron un comunicado para apoyar a la fiscal ante el inicio de una investigación de oficio que comenzó a raíz de la práctica de una ILE en la Maternidad. «Ante la permanente desinformación que circula a través de diferentes medios de comunicación, nos vemos en la obligación de señalar que el aborto en Argentina no es legal, en ningún caso. Es un delito, no un derecho», señalaron en el texto. La funcionaria judicial, cabe recordar, también abrió una investigación contra los médicos José Gijena y Cecilia Ousset, que practicaron la cesárea en el Caso Lucía. Previamente había mandado un oficio para advertir al personal del Hospital Eva Perón sobre las consecuencia que tendrían en caso de practicar una ILE

En la misiva de las grupos que se oponen al aborto también recordaron que en «un comunicado emitido en estos últimos días por algunas de estas organizaciones tuvo este objetivo contra una funcionaria pública, la Fiscal Adriana Giannoni, por ejercer su rol de titular de la acción pública con responsabilidad, pretendiendo amedrentarla y evitar que cumpla con sus obligaciones».

Asimismo, destacaron que «al respecto, el Código Penal es claro al establecer como delito el aborto, no contiene excepciones, sino que solo establece dos casos en los que no serán punibles: el delito existe pero, si sucedió bajo ciertas circunstancias, no se aplica la pena prevista. Y, para ello, las circunstancias deben ser comprobadas. Lo contrario, es incumplir la ley».

En ese sentido, cabe destacar que el artículo 86 del Código Penal indica que el aborto practicado por un médico no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Tampoco si el embarazo «proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto».

En este contexto, resulta pertinente citar el tuit del diputado Pablo Yedlin que sobre el tema escribió: «La interrupción legal de un embarazo, producto de una violación o por riesgo materno, es un derecho en este país. En todo el país. Perseguir a quienes dan cumplimiento a este derecho es una aberración jurídica intolerable”. Asimismo, cabe destacar que el Ministerio de Salud de la Nación emitió en su momento un Protocolo para la atención integral de las personas con derechos a la interrupción legal del embarazo. Recientemente el Gobierno publicó una actualización y luego dio marcha atrás y anuló la resolución que había sido publicada en el Boletín Oficial.

En el comunicado, las organizaciones que se oponen al aborto en cualquier situción agregaron: «El Estado debe realizar todos los esfuerzos por proteger las dos vidas, es posible y es lo que corresponde. Cuidar y proteger a la madre vulnerada y vulnerable, cuidar al niño por nacer y castigar a los que abusan sexualmente de niñas y mujeres. Resulta paradójico el denodado silencio de las organizaciones de derechos humanos para condenar a los abusadores mientras piden castigo ejemplar para el niño o niña inocente en gestación. El famoso fallo FAL, de la Corte Suprema de la Nación, es inconstitucional. La Corte Suprema pretendió ocupar el lugar del legislador cambiando la ley y consagrando la impunidad de los violadores».

Con respecto a la referencia al Fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -último interprete de todo el sistema normativo del país-, cabe señalar que el mismo sentó precedente y estableció que en situaciones enmarcadas en el artículo 86 inciso 2 del Código Penal, la persona gestante «no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible”.

En la defensa a Giannoni, las organizaciones tucumanas remarcaron que «un Fiscal, por tanto, debe investigar cuando se produce un aborto porque el aborto, en todos los casos, es delito. Es más, debe hacerlo incluso para garantizar el derecho de no punibilidad de quienes pudieran encontrarse en las circunstancias previstas por la ley y, además, garantizar el castigo de los verdaderos criminales. Asimismo, es importante recordar que en Tucumán existen dos leyes provinciales de importancia medular relacionadas con la cuestión. Las leyes n° 8293 y n° 6518, establecen ciertas obligaciones de comunicación y resguardo al personal de salud ante la verificación de una situación de riesgo de un niño, niña o adolescente, estipulando (al igual que la Convención de los Derechos del Niño) que se considera niño, niña o adolescente a toda persona desde la concepción hasta los 18 años. Si no lo hacen, la misma ley establece que el Ministerio Fiscal debe investigarlos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Por último, alentaron a «todos los funcionarios públicos, a los profesionales de la salud y a la sociedad en general, a denunciar, no callar, investigar, evitar, según les corresponda, la práctica de abortos, tanto clandestinos como aquellos que se realicen bajo cualquier ‘Protocolo de Interrupción ILEgal (sic) del embarazo’, protegiendo y salvando las dos vidas. A las organizaciones que dicen defender los derechos humanos les decimos que, para garantizar los derechos humanos y proteger a los más indefensos, cuenten con nosotros. Para mentir, desinformar y pregonar la muerte como salida, cuenten con nuestra más férrea oposición y activismo. Exigimos que se respeten el derecho a la vida, las libertades cívicas y la ley. Es esa la única manera de alcanzar la justicia y la paz en nuestra sociedad».

Fuente: El Tucumano