Los abogados de la Casa de Gobierno formularon diversas observaciones a la iniciativa, que había sido sancionada el 21 de diciembre pasado por unanimidad por el Poder Legislativo, y concluyeron que presentaba en su redacción “falta de coherencia y contradicción intrínseca”. Por tal motivo el Ejecutivo rechazó la puesta en vigencia del proyecto de ley sobre la obligatoriedad de instalar baños públicos en entidades bancarias y reparticiones del estado provincial.

La norma propuesta había sido fruto de los aportes del oficialista Javier Pucharras (PJ-Tucumán Crece) y Claudio Viña (Nueva Fuerza-Cambiemos). El texto aprobado fijaba una cantidad mínima de “cuatro inodoros y cuatro lavatorios para cada sexo” en cada edificio de atención al público, y ordenaba que se contemplaran comodidades para embarazadas y personas con discapacidad o movilidad reducida. “Toda repartición pública del Estado provincial, todas las entidades bancarias y financieras que operen en la Provincia y atiendan al público en forma masiva deberán contar con instalaciones sanitarias en dimensión acorde a la cantidad promedio de personas que habitualmente concurren al lugar”, expresaba la iniciativa acordada en el recinto.

Un dictamen de abogados

Siguiendo los procedimientos fijados en la Constitución provincial, correspondió al Poder Ejecutivo resolver sobre la puesta en vigencia de la iniciativa. Como en esos momentos el gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, se encontraban de licencia por sus vacaciones, le tocó al presidente subrogante del Poder Legislativo, el oficialista Fernando Arturo Juri, firmar el veto a la propuesta de sus colegas. Sobre la base del dictamen de los asesores letrados del Ministerio de Gobierno y Justicia, el peronista dictó el decreto el viernes 11 de enero, pero fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia durante la semana pasada. “Se advierte que la medida comprende únicamente a reparticiones públicas dependientes del Estado provincial, y no a aquellas dependientes de otra jurisdicción estatal, como municipal, nacional, etcétera, (aunque estén) en el mismo ámbito territorial”, señalaron los abogados del Ministerio. Respecto de las entidades bancarias y financieras, remarcaron que no se hizo “distinción ni especificaciones”. Los letrados consignaron, en relación a la cantidad de baños, que “en algunos casos, cuatro por cada sexo puede resultar excesivo”. “Asimismo, no se consideró en el proyecto la ubicación ni dimensiones de los terrenos de los establecimientos en los cuales actualmente funcionan las reparticiones públicas provinciales. Esto impide conocer el espacio físico disponible, por lo que su propósito será, en muchos casos, de cumplimiento imposible”, señala el decreto.

El instrumento firmado por Juri marcó aparentes contradicciones en la redacción. “(En el texto sancionado) se dispone el plazo de 90 días desde la promulgación para determinar la autoridad de aplicación y dictar del reglamento pertinente. Mientras tanto, en otro artículo dispone que la ley entrará en vigencia a partir de los 60 días de la fecha de su publicación. Se advierte así una discordancia de los plazos”, consigna el instrumento. Tras insistir en que la medida presenta “falta de coherencia y contradicción intrínseca”, el decreto remarcó que esos hechos “constituyen fundamentos legales suficientes que habilitan el veto de la norma que se propicia” por la Legislatura. El cuerpo colegiado puede aceptar la resolución del PE o puede insistir con el tratamiento de la norma.

Fuente: La Gaceta