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6 Sep 2017

Detuvieron en Concepción a dos personas acusadas de estafar en más de $ 50 millones a una empresa de celulares

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La división Delitos Tecnológicos de la PFA detuvo por orden del juez Manuel de Campos a dos tucumanos acusados de participar de una megaestafa a la empresa de telefonía celular que transcurrió durante los últimos siete años.


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El lunes último, la división Delitos Tecnológicos de la Policía Federal detuvo en la ciudad tucumana de Concepción a dos hombres, R.R, de 25 años de edad y G.G, de 29. Los arrestos fueron hechos por orden del juez de instrucción porteño Manuel de Campos, luego de una investigación a cargo del secretario Diego Villanueva que incluyó meses de intervenciones telefónicas y análisis de información online.

Los perfiles de ambos son, en los papeles, nada fuera de lo ordinario. R.R es un simple monotributista de acuerdo a la AFIP, categoría F.G.G, está registrado en el rubro de expendio de comidas y bebidas, con algunas pequeñas deudas en compañías de microcrédito como Tarjeta Cuyana y Tarjeta Naranja.

El delito que De Campos les imputa, sin embargo, excede todo parámetro común: el juez los acusa de ser los supuestos cabecillas de una megaestafa a la empresa Movistar que comenzó en 2010 y duró 7 años con un daño estimado por fuentes policiales en 50 millones de pesos.

El método: un hackeo a la red intranet de la empresa. ¿El botín? Smartphones de alta gama que eran enviados por encomienda y vendidos por internet, precisamente, en la provincia de Tucumán.

>Para robar los teléfonos, los acusados habrían utilizado empleados falsos que aparentaban ser vendedores de Movistar. Sus nombres eran introducidos en la base de datos de la empresa a través de una técnica llamada SQL injection, que permite introducir códigos informáticos al aprovechar una vulnerabilidad del sistema.

Así, recibían el alta como personal de la compañía y la correspondiente autorización para retirar aparatos, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires. Los aparatos luego eran enviados por estos empleados truchos por encomienda hasta Tucumán, donde eran vendidos principalmente a través de plataformas online por al menos uno de los detenidos junto a su novia.

La ironía detrás de todo esto es que estos supuestos agentes de ventas no sabían que eran parte de la estafa. Eran captados, asegura a Infobae una voz cercana al expediente, en sitios web de bolsas de búsqueda de trabajo y hasta recibían un entrenamiento de forma virtual.

Los supuestos vendedores fueron quienes se llevaron la mayor parte del daño: las líneas de los celulares sustraídos estaban a sus nombres, generando fuertes deudas.

Varios de ellos declararon en la causa; las escuchas telefónicas, el rastreo de IPs y el entrecruzamiento de números hicieron el resto para enviar a Delitos Tecnológicos a hacer tareas de campo en Tucumán y dar con R.R y G.G. Movistar, por su parte, entregó datos de antenas telefónicas así como los nombres de los titulares de los teléfonos y los números IMEI de los aparatos.

Las casas de R.R y G.G fueron allanadas en Concepción; varios domicilios de sus familias también fueron registrados en Tartagal, provincia de Salta y San Salvador de Jujuy. Se encontraron más de 15 celulares, incluidos varios Samsung Galaxy S8, con un valor de mercado de entre 15 mil y 19 mil pesos cada uno. Los números de IMEI de la mayoría de los teléfonos coincidían: estaban en la lista de aparatos obtenidos ilegalmente.

Para el juez De Campos y el secretario Villanueva queda todavía un cabo suelto: se sospecha que R.R y G.G habrían vendido los aparatos no solo en el noroeste argentino, sino también en Bolivia.

>Fuente: Infoabe

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